En medio de la presupestaria vorágine y las decisiones del Ministerio de Economía y Finanzas, Panamá vuelve a ser testigo de un espectáculo que revela la falta de compromiso del actual gobierno. El subsidio a los activos digitales y al combustible no es suficiente y refleja la incapacidad de gestionar eficientemente los recursos del país.
Y que en la realidad, en general y en el mundo, este supuesto está muy lejos de lo que requiere la ciudadanía (uno acorde con la realidad actual de Panamá), pero parece que será una herramienta para apoyar los gases de campaña de los políticos actuales. .
Al analizar la situación, es innegable que la población ya está en su límite, y, en última instancia, estas recomendaciones no se traducen en mejoras sustanciales en áreas cruciales. Mucho mejor, con la tijera del ministro, la pregunta que responde a la fortaleza del alcalde es: ¿A quién beneficia este récord? La respuesta está en una realidad incómoda: la asunción de la Asamblea Nacional, que debería ser la primera en dar ejemplo de mesura y prudencia, sigue prácticamente intacta.
Los diputados, con una presunción excesiva y abultada, debían recortar frente a significantes. En lugar de esto, parecen ciegos ante las austeridades medias. El supuesto desequilibrio es un ejemplo más de la falta de voluntad real por parte de los contendientes para compartir las cargas económicas de manera equitativa y de la falta de visión estratégica.
Si bien la población tiene razón y es necesaria la reducción de subsidios, el gas en el Órgano Legislativo parece intocable. Este escenario abre aún más la brecha de desconfianza entre los ciudadanos y quienes deben representar sus intereses en el Asamblea Nacional. La falta de empatía con el pueblo sólo refleja que los diputados están desconectados de las verdaderas necesidades del pueblo. La promesa incluida de una reducción del 10% en el plan estatal es sólo un ejemplo de un error de gravedad en el manejo de las expectativas de la ciudad.
La indignación crece a medida que conocemos los detalles sobre las 400 recomendaciones del asamblea de diputados y 702 “promotores culturales” a disposición de los mismos, con un coste de 6,5 millones. Este tipo de prácticas sólo alimenta la desconfianza y el escepticismo en términos de transparencia en la gestión de los fondos públicos. Es hora de preguntar por qué estas cifras no han recibido el mismo escrutinio que los registros de programas sociales esenciales.
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La ciudad es simplemente una premisa que cubre efectivamente los problemas que encuentras en la revista. No alcanza con recortar unos cuantos millones aquí y todo, mientras las leyes especiales con 4 millones 500 millones en un quinquenio y lo pago a la deuda con millones 100 millones anuales, sumamos en un Endeudamiento que compromete nuestro futuro. Lo más grave es que estas leyes especiales sólo sirven para proteger a los funcionarios que no quieren trabajar o simplemente no tienen las habilidades para ganar un buen reconocimiento.
Es hora de una transformación radical en la Asamblea Nacional. La ciudadanía pide compromiso, transparencia y capacidad para gestionar el país con responsabilidad y sensibilidad social.
No podemos darnos el lujo de seguir a nuestros gobernantes y priorizar sus intereses personales sobre el bienestar colectivo. Es tiempo de espacio abierto para nuevas opciones, para líderes comprometidos con el verdadero progreso de Panamá.