El Juez de Primera Instancia n. El 33 de Madrid admitió haber enviado una petición presentada por más de 330 entrenadores contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) impulsada, entre otros, por el Comité Nacional de Entrenadores (Cenafe) y la Asociación de Transparencia y la democracia que preside Miguel Galán , el hombre que propuso cambiar el rumbo en el organismo que rige el fútbol español. Los entrenadores acusaron a la RFEF de no dejar practicar al forastero y de no enviar la solicitud de licencia UEFA a pesar de haber obtenido su titulación en centros autorizados. Según los requisitos, la federación ha expedido esta licencia a quienes estudiaron en los centros dependientes de ella.
La denuncia, de las 26 páginas que ha mantenido encendido este diario, denuncia la vulnerabilidad por parte de la RFEF del artículo 14 de la Constitución española -que establece que los españoles son iguales ante la ley- y la libre circulación de trabajadores en la UE. “Con el título de entrenador superior de fútbol, cualquiera de los jugadores podría incorporarse a un equipo de primera división de fútbol (como Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, etc.) en la competición española y, sin embargo, no puede Lo hará un equipo de la tercera división francesa porque la RFEF no les expedirá la calificación (diploma o licencia UEFA) si no pagan las tasas (hasta 1.050 euros) para completar un procedimiento de acreditación de competición convocado, creado, controlado y evaluado exclusivamente por la propia RFEF”, informó la denuncia, que fue admitida el 12 de abril.
Los solicitantes citan en millas el número de trabajadores involucrados en la implementación de la federación de fútbol, ya que recibieron ofertas del exterior -en todas las ligas menores y categorías amateur- pero no pudieron aceptarlas a menos que se pusieran en contacto con la licencia de la UEFA para ejercer fuera de España.
Los querellantes instan al juez a declarar que “la RFEF ha vulnerado el derecho a la igualdad y a la no discriminación” al darles “un trato discriminatorio e indeseable” frente a aquellos otros entrenadores que han asistido a los estudios en los centros o escuelas dependientes de la federación. Para los demandantes, esto supone una “barrera” imputada a la RFEF que les dificulta ejercer sus derechos a “la libertad de residencia y ejercicio de profesión de entrenador de fútbol en cualquier Estado miembro de la UE en condiciones de igualdad”. También exige que la federación se comprometa a enviar e implicar las correspondientes licencias UEFA con las competencias profesionales que demuestran “en las mismas condiciones en las que se encuentran aquellos entrenadores que han cursado sus estudios de entrenador en los centros o escuelas dependientes de la solicitud”.
Para la expedición de licencias o diplomas de la UEFA, la federación exige a quienes ostenten el título de entrenador deportivo o entrenador deportivo superior en fútbol que acredite ante el comité de calidad del organismo haber adquirido los conocimientos y habilidades necesarios. Para demostrar la formación, la RFEF solicita, como mínimo, la presentación de un proyecto deportivo y su defensa del mismo ante un tribunal.
La federación envió dos informaciones al CSD
Con la esperanza de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) convoque a la comisión gestora del organismo para votar la suspensión provisional por un fallo gravísimo de la comisión gestora de la RFEF y de Pedro Rocha, único candidato que cumple los 21 años requerida para presidir l’institución—, la federación ha remitido el miércoles al CSD la información que este está evaluando y “que puede constituir un elemento de valor” sobre la situación del organismo, según las fuentes de su CSD, que afirman que está actuando con “determinación y firmeza y con las máximas garantías jurídicas ante la crisis de la RFEF”.
La entrega de estos documentos se produjo después de que el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, anunciara este martes en una comisión del Congreso de los Representantes que la institución que preside convocará en los próximos días a la comisión directa para votar la medida temporal. La suspensión de Rocha y el acto de la comisión luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) alentara en los últimos meses un expediente sancionador en su contra.
El origen del expediente del TAD es una denuncia de Miguel Galán que acusa a Rocha de haber tenido extralimitaciones en sus funciones como presidente interno y de retrasar la convocatoria electoral en la RFEF. La resolución del TAD ha sido encomendada a las horas del CSD, que está analizando las 39 páginas que componen el escrito para decidir si Rocha y el resto de integrantes de la federación que integran el núcleo duro de la misma Supervivencia trans a la crisis de Rubiales.
Rocha, además, está acusado el pasado viernes en el centro de la Operación Brodie, que investiga la trama que presuntamente expolió a la RFEF durante la presidencia de Luis Rubiales (2018-2023) a través de la ama de contratos, entre ellos en la renovación del estadio de La Cartuja de Sevilla, implantado en 2021, que trajo los partidos de la Supercopa de España a Arabia Saudí.
Mientras tanto, la federación continúa en una situación de interinidad absoluta, sin que un presidente ni nadie pueda firmar un solo contrato para avanzar en la gestión del día a día.
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